Por Bruno Cortés
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) solicitó una fiscalización exhaustiva del comportamiento jurisdiccional del presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Armando Ambriz Hernández. Las legisladoras federales denunciaron la presunta existencia de redes de amiguismo, compadrazgo y tráfico de influencias orientadas a exonerar al alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, en un proceso legal por violaciones graves a los derechos político-electorales de las mujeres.
La intervención del Poder Legislativo ocurre tras la resolución del tribunal local que dejó sin efecto las medidas cautelares que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) había impuesto para proteger a la concejala Esther Rodríguez de la Cerda. Las diputadas Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Mary Carmen Bernal Martínez afirmaron que el proyecto de sentencia fue «planchado» políticamente en los pasillos del tribunal para proteger la carrera pública del gobernante local.
El caso bajo escrutinio público expone el uso discrecional de las estructuras de poder municipal para limitar la función fiscalizadora de los regidores de oposición. La denuncia establece que el alcalde de Coyoacán implementó una estrategia sistemática de silenciamiento administrativo, que incluía el corte técnico del sistema de audio y la descalificación personalizada hacia la concejala del PT durante los debates de asignación presupuestal y de servicios públicos.
La documentación del caso revela que el Instituto Electoral de la Ciudad de México actuó como primer respondiente emitiendo medidas urgentes de protección ante la evidencia de violencia física e institucional. El retiro de estas salvaguardas por parte del TECDMX deja un precedente jurídico que, según las denunciantes, vulnera el principio de certeza y desprotege a las funcionarias electas frente a los titulares de los ejecutivos locales.
La defensa de la concejala trasladó el litigio a la arena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante la activación de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La demanda ante la Sala Regional exige revisar los vínculos políticos de los magistrados locales con el gobierno de la alcaldía Coyoacán, argumentando un conflicto de interés que sesgó la deliberación del caso.
El bloque legislativo del PT advirtió que utilizará las tribunas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir comparecencias y revisiones de las partidas presupuestales de los órganos judiciales locales que muestren opacidad en sus resoluciones de género. La bancada argumentó que el influyentismo en los tribunales electorales locales socava la confianza ciudadana en el sistema de partidos y debilita la fiscalización del gasto público municipal.
El marco legal mexicano obliga a las dependencias electorales a conducirse bajo los principios de máxima publicidad y objetividad. La resolución final de la Sala Regional del TEPJF determinará si el alcalde de Coyoacán es incorporado al padrón de agresores, lo cual detendría de manera automática cualquier aspiración de reelección o promoción a cargos de designación federal regulados por el artículo 38 constitucional en materia de elegibilidad.
